Ellos son Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquídez Serrano, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer y Sandra Lucía Téllez Nieves, los dueños de la guardería ABC, libres pese a su responsabilidad en la muerte de 48 niños.
Son la imagen viva de la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad en nuestros días y en nuestras narices. Empresarios con una “ambición desmedida”, como los calificaron los padres de los menores fallecidos.
La primera es tía de Margarita Zavala, esposa de Calderón: Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella. Urquídez Serrano era secretario de Finanzas del PRI en Sonora y primo del actual candidato a gobernador. Escalante Hoeffer y Saliod Suárez eran subsecretario y secretario del Gobierno del Sonora, renunciaron a sus cargos el 9 de junio y desde entonces nadie los ha molestado. Todos viven amparados por sus lazos familiares y políticos, escondidos en el “pleito” del gobernador de Sonora y el titular de Segob.
De sus responsabilidades penales las autoridades estatales, federales y judiciales han hecho un galimatías. La Procuraduría de Sonora solicitó la aprehensión de uno de ellos pero el juez la negó por considerar que correspondía al fuero federal. El secretario de Gobernación informó escuetamente, como si se tratara de un asunto menor, que “esa orden” estaba en “análisis” de la justicia federal, eso el 22 de junio.
Cinco días después del incendio buscaron ampararse, el juez les dio la suspensión en primera instancia y fijó el 1 de julio para la audiencia constitucional, donde resolverá en definitiva si los ampara o no. Mientras se desconoce su paradero. A estas alturas podrían estar fuera del país, la prensa reveló que tramitaban sus visas para irse a radicar a Phoenix. EU.
Hay que ver la clase de “empresarios” que el gobierno federal viene generando con su política de contratos subrogados o prestación de servicios públicos a cargo de terceros, meros intermediarios que no producen, no generan empleos ni pagan grandes nóminas, pero sí se enriquecen a costa del erario público. Cobran millones por un servicio que ni siquiera desempeñan, porque para hacer el trabajo contratan a otros, a quienes pagan lo mínimo posible a fin de aumentar sus ganancias (Aún a costa de niños).
Según cálculos de la prensa, los dueños de la guardería ABC obtenían 800 mil pesos al mes ( más de 9 millones de pesos al año) libres de paja y polvo, tenían 4 guarderías y cada una les generaba 200 mil pesos mensuales, mientras que para hacerse cargo de 150 niños, en la guardería siniestrada, tenían contratadas a 10“misses” con un sueldo de 5 mil pesos mensuales.
Es criminal hacerse cargo de una guardería sin responsabilizarse de lo que significa cuidar a los menores: instalaciones correctas, medidas de seguridad, personal calificado como pediatras, nutriólogos, pedagogos, seguros de vida.
Quizá por eso tengan tan escondida la lista de las guarderías subrogadas del IMSS, deben estar arreglando su propio “cochinero” e identificando a tías, hermanas, cuñados, hermanos, sobrinos y compadres de los altos funcionarios de todos los gobiernos.
Por eso es tan importante esa lista, porque es vital ver en manos de quién está la seguridad y el bienestar de los niños, no pueden quedar bajo el resguardo de quien los ve como mercancía, de quien no sabe lo que significa ética o consciencia social, de gente sin escrúpulos como resultaron ser estos de la ABC.
A dónde vamos a dar con estos seudoempresarios que aparentan ser “gente bien”, que apantallan a otros porque viajan en camioneta y van a misa los domingos. No puede ser referencia ni modelo aspiracional de nadie, porque no generan trabajos ni son fuente de riqueza, lo que producen son tragedias, sino, acuérdense de Mouriño.
FOTO: EL IMPARCIAL DE SONORA
